El diputado de Podemos Héctor Piernavieja ha sido el encargado de defender la moción presentada por su grupo, alertando sobre el riesgo de «graves efectos para la salud de la lluvia ácida» tras el escape de triácido sulfúrico en las baterías de coque de ArcelorMittal en Avilés que el 24 de abril generó una nube tóxica provocando picores de garganta y malestar entre la ciudadanía. Piernavieja ha reprochado la «falta de capacidad» de la consejera para gestionar medidas que garanticen la calidad del aire, al tiempo que ha hecho mención a la situación de las rías de Avilés o Villaviciosa y ha criticado la «inexistente» política de reciclaje, de suelo industrial o en materia de suelos contaminados.
Desde IU, Ovidio Zapico ha remarcado que esta moción es «un hecho formal» porque la reprobación «se viene haciendo desde hace meses» en la Cámara. Una reprobación que para IU también es «social e industrial», al entender que la consejera está «sola» en su contacto con la ciudadanía ni favorece una «comunicación fluida» con la empresas asturianas. «Más allá de la reprobación es necesario pasar a la propuesta», ha dicho justificando las enmiendas de su grupo, que fueron aceptadas por Podemos.
El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha exigido a la consejera que reconozca los problemas existentes como primer paso para poder llegar a solucionarlos. «Nos parece pertinente esta moción», ha afirmado, recordando que va en la línea de la proposición no de ley que este mismo viernes presenta su formación para obligar a las empresas sujetas a autorización ambiental integrada a instalar cabinas de medición de la contaminación del aire, cuya gestión y mantenimiento se controle por el Gobierno del Principado y se financie por las empresas.
Desde Foro, la diputada Carmen Fernández ha hecho un repaso a los «incumplimientos» tanto ambientales, como de ordenación territorial y de infraestructuras por parte de Belén Fernández. «No es difícil reprobarla hoy», dijo la parlamentaria, pese a mostrarse contraria a uno de los puntos de la moción referido a «endurecer las sanciones administrativas que se aplican a las grandes empresas contaminantes».
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