El objetivo es informar de las medidas de seguridad y de protección medioambiental del futuro, según ha informado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España.
Así, la delegación española ha estado encabezada por la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, y el director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Javier Cachón.
Por su parte, la delegación portuguesa ha estado representada por el presidente de la Agencia Portuguesa de Medioambiente, Nuno Lacasta. También ha asistido el consejero del presidente de la Comisión Europea, Telmo Bartazar.
Las delegaciones han visitado el emplazamiento del ATI y se les ha informado sobre el procedimiento y el análisis que se ha llevado a cabo para "garantizar la seguridad del almacén desde el punto de vista medioambiental y de seguridad nuclear". En la visita han participado también representantes del Consejo de Seguridad Nuclear.
Se trata de "un primer paso de comunicación y coordinación" con las autoridades portuguesas tras el "acuerdo amistoso" suscrito entre España y Portugal y anunciado el pasado martes 21 de febrero.
Según este "acuerdo", España se comprometió a informar en "todo momento" de los "pormenores" del proyecto de construcción del ATI de la central cacereña en el plazo de "dos meses", explica el ministerio.
Un mero trámite, según Ecologistas en Acción
La ausencia de prensa y de observadores independientes convierten la visita de las delegaciones portuguesa y comunitaria en una simple cortesía, que evitará una inspección de la central nuclear en profundidad. El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, demanda un proceso transparente que cuente con todas las partes. El MIA solicitó la presencia en la visita tanto de esta plataforma como de los medios de comunicación. La propuesta fue vetada.
La renuncia del Gobierno portugués ante la Comisión Europea a continuar con la queja frente a España por el cumplimiento de las leyes internacionales se cierra con una serie de visitas de delegaciones políticas portuguesas y comunitarias a la central de Almaraz. Estas citas pueden convertirse en un mero trámite que no frenará la construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI). La instalación es la pieza clave para permitir el alargamiento el funcionamiento de Almaraz más allá del fin de su permiso de explotación y de los 40 años de diseño.
El proceso de autorización del ATI viola tres protocolos internacionales y tres directivas comunitarias, es decir, este proceso se ha realizado sin las necesarias garantías legales. La prisa por disponer de una instalación que permite prolongar el funcionamiento de Almaraz ha hecho que el Gobierno facilite y acelere el proceso para la obtención de los permisos de la central, obviando la adecuada atención a la legalidad internacional, en un aparente apoyo del Gobierno del Partido Popular a los beneficios de la industria nuclear. El Gobierno portugués ha cedido ante las presiones y ha aceptado retirar la queja europea a cambio de esta serie de visitas que distan ostensiblemente de ser inspecciones en profundidad. Unas reuniones que parecen se van a convertir en un mero trámite. Mientras no se incluya en el proceso a otros observadores mas críticos e independientes, paso esencial para garantizar un mínimo de transparencia en un proceso que afecta a toda la ciudadanía española y portuguesa, será un altavoz únicamente del sector nuclear.
Nos encontramos ante un ejercicio claro por facilitar la prolongación del funcionamiento de Almaraz, una decisión que solo sirve para incrementar los enormes beneficios para sus propietarios. Con este alargamiento de la vida de Almaraz se aumentaría el enorme riesgo para la población y el medio ambiente en toda la península ibérica que supone mantener la central en funcionamiento. Unos años extra que incrementarán la generación de residuos de alta actividad, para los que no existe solución satisfactoria.
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