En unas declaraciones con motivo de unas jornadas organizadas por 'Expansión' sobre cambio climático, Navia aseguró que "no será un precedente porque es una central singular que lleva cuatro años cerrada".
"La decisión que nosotros tomemos aquí en Garoña no prejuzga lo que podamos hacer en otras centrales", reiteró el secretario de Estado, que citó Almaraz y Trillo. "Es radicalmente distinta a una central que está en funcionamiento", sentenció.
Por otro lado, recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular de Garoña formada por Iberdrola y Endesa.
"Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto", señaló Navia, quien añadió que "son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar".
En todo caso, aseguró que "no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de seguridad Nuclear (CSN)". "Eso es evidente y no hay ninguna duda", apostilló.
Por último, explicó que el Gobierno tomará la decisión tras "escuchar a todo el mundo" durante el proceso de audiencia pública, teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar.
PP vasco: «inamovible» su postura favorable al cierre de Garoña
El Partido Popular del País Vasco volvió a desmarcarse ayer del planteamiento que defiende la formación a nivel nacional sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña. Tanto es así, que su portavoz parlamentario, Borja Sémper, declaró públicamente en la televisión autonómica vasca que su postura en contra de la reapertura de la planta es «inamovible».
«Lo podemos decir 70 veces», reiteró Sémper en relación al posicionamiento político «más que marcado» del PP vasco. En este sentido, según recoge Europa Press, se mostró «absolutamente convencido» de que la central no se reabrirá. No obstante, señaló que lo que toca ahora es esperar a que «los plazos se cumplan porque hay una tramitación técnica» que determinará la decisión final del Gobierno sobre la renovación de la licencia para continuar operando.
Con el debate, cada vez más candente, sobre el futuro de la central después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diese luz verde a una posible reapertura si se cumplen determinadas condiciones de seguridad, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, aseguró que el caso de Garoña «no es un precedente» para el resto de centrales españolas que «están abiertas y funcionando», ya que cualquier proceso de continuidad en cada una de ellas «será radicalmente distinto».
La pelota se encuentra ahora en el tejado de Iberdrola y Endesa, copropietarias de Nuclenor. Consciente de ello, Navia insistió en que los próximos meses servirán para analizar «las inversiones necesarias para continuar», cuyo coste oscilaría entre 100 y 200 millones de euros.
Mientras Iberdrola guarda silencio al respecto y rehusa hacer declaraciones, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, coincidió con el secretario de Estado de Energía en que una posible reanudación de la actividad no sentaría un precedente en el resto del país. Asimismo, defendió la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares al tratarse de una fuente energética «necesaria» -por lo menos hasta 2030- hasta que se pueda garantizar una transición energética hacia nuevas alternativas más sostenibles y viables de cara al horizonte ‘verde’ de 2050.
Respecto a las condiciones impuestas por el CSN para que la planta pueda volver a operar con seguridad, Bogas remarcó que el dictamen final de Nuclenor, cuyos órganos tendrán la última palabra, debe pasar inexorablemente por un proceso de estudio y análisis para «tomar una decisión».
Las razones de Narbona
También saltó de nuevo a la palestra la consejera del CSN y exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien acusó a Nuclenor de no cumplir con la «totalidad de los requisitos exigidos», sobre la mesa desde 2009, porque «conocía» desde «hace una década» el coste que conlleva la reapertura de la planta.
En base a ello, Narbona justificó su voto negativo al dictamen técnico del CSN porque considera que no hay «ninguna razón» que avale la continuidad de Garoña. «Podíamos haber votado no, si no se cumplían las condiciones. En el momento en que estaban evacuados todos los informes había que votar, pero la opción era un informe negativo y que Nuclenor volviera a pedir una autorización cuando hubiera tenido hechas las modificaciones», apostilló.
Acciones legales
Las voces críticas contra la decisión del CSN continúan multiplicándose desde el espectro político. Ayer se pronunciaba el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien aparte de enfatizar que alargar la vida útil de Garoña supondría un riesgo «evitable» subrayó que la central está «más que amortizada». Por su parte, la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, anunció que el Ayuntamiento se plantea emprender acciones legales contra la reapertura.
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