En síntesis, el Acuerdo de París prevé que cada país revise cada cinco años sus compromisos para disminuir sus emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI). Y hasta ahora ya ha sido ratificado por más de 95 estados que dan cuenta de más del 60% de los GEI en el mundo. Misión cumplida.
Esto se da tan solo unos días antes de que comience la ahora célebre COP22 de Marrakech. Y tal como expresaron desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), si la COP21 fue la cumbre de la negociación, la COP22 es la cumbre de la acción.
En definitiva, son acciones concretas (contribuciones) que los países deben llevar a cabo en su agenda post 2020 para intensificar su lucha contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o para adaptarse a los impactos producidos por ese fenómeno.
Una plataforma web creada por el Banco Mundial permite conocer en detalle las contribuciones de cada país y sus áreas de influencia – agricultura, deforestación, suministro de agua, entre otras.
Latinos en tierra marroquí
América Latina y Caribe es de las regiones que menos contaminan en el mundo pero sus países de figuran entre los más ambiciosos en términos de lucha contra el cambio climático con estrategias como los mercados de carbono y las energías renovables.
De hecho, más de dos tercios de los planes de acción climática de las naciones latinoamericanas se refieren al precio del carbono y utilizan cada vez más los mercados de carbono para reducir las emisiones de GEI y para proteger sus economías. El esquema es simple: en este mercado se establece un precio para el gas, que se le “compra” a los emisores, los cuales a su vez usan ese dinero para hacer inversiones en la reducción de esas emisiones.
Por otra parte, es muy probable que el nivel de inversión en energía limpia en América Latina y el Caribe llegue a un billón de dólares para el 2040, según datos del IFC, institución del Banco Mundial que se enfoca en el sector privado.
Para la región y para el mundo es crucial mantener la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados. Antes del Acuerdo de París, la tendencia de calentamiento actual indicaba que se llegaría a un mundo cuatro grados más caluroso para el 2100 con consecuencias catastróficas para el planeta, según el estudio Bajemos la temperatura.
En concreto, estas son las metas de algunos países latinoamericanos frente al cambio climático:
Argentina: mejorará su contribución al año 2030 bajando sus emisiones de 570 a 488 millones de toneladas de dióxido de carbono. Según una investigación, el costo de la degradación del medio ambiente equivale a un valor económico de aproximadamente el 8% del PBI del país.
Brasil: asumió el compromiso de limitar sus emisiones contaminantes anuales a 1.300 millones toneladas de dióxido de carbono para 2025, lo que supondría una reducción del 36,1 % respecto a 2005.
Colombia: entre sus contribuciones se destacan reducir las emisiones de GEI del país 20% con relación a las emisiones proyectadas para 2030 y aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa del país, a través de 10 acciones sectoriales y territoriales.
México: se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en un 25% para 2030, generar 35% de energía limpia para el 2024 y 43% para el 2030. Además, en noviembre lanzarán un esquema piloto de comercio de derechos de emisiones que durará 12 meses, con anticipación a la completa implementación del mercado nacional de carbono en 2018.
Pero no solo son los gobiernos quienes están comprometidos en la lucha. Hoy por hoy, se registran más de 11.000 compromisos de acción climática por parte de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, ciudades y hasta cooperativas, lo que contribuirá sustantivamente al compromiso global de ponerle una fecha de “expiración” a la dinámica actual del calentamiento global.
Retos para España
España ratificará en 2017 el Acuerdo de París contra el cambio climático suscrito por cerca de 200 países que este viernes entra en vigor y asumirá así toda una serie de deberes pendientes empezando por el desarrollo y aprobación de una ley que regule la reducción de emisiones y la transición hacia una economía baja en carbono.
El Consejo de Ministros enviará previsiblemente el próximo viernes el Acuerdo de París al Parlamento para que España ratifique el primer tratado universal de lucha contra el cambio climático, según ha anunciado Iñigo Méndez de Vigo en su primera rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa como portavoz del Gobierno tras la reunión del nuevo Consejo de Ministros.
Aún así, España participará de pleno derecho en la definición de reglas del Acuerdo de París durante la Cumbre del Clima (COP22) que se celebra en Marraquech del 7 al 18 de noviembre, como parte de la UE que sí forma ya parte del acuerdo.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, explicó en un encuentro con periodistas en Madrid que España (con un 0,87% de las emisiones mundiales) aún no ha ratificado el Acuerdo de París al estar el Gobierno en funciones, circunstancia que ha coincidido casi en el tiempo desde la adopción hasta la entrada en vigor del tratado.
El Congreso y el Senado deberán dar el visto bueno al Acuerdo en un procedimiento que suele prolongarse entre tres y seis meses, con lo que España no formalizará el requisito de ratificar el acuerdo hasta comienzos de 2017, cuando podrá cumplir con el procedimiento de depositarlo en la sede de la Convención Marco de las NAciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Reducir las emisiones del sector industrial en un 43% para 2030
Al ratificar el acuerdo, España se comprometerá a una reducción de emisiones en los llamados sectores difusos (agricultura, transporte, residuos, gases fluorados y sector residencial) de un 26% en 2030 respecto a los niveles de 2005, y de un 43% en el sector industrial regulado por el mercado de carbono europeo (ETS, por sus siglas en inglés) europeo.
El objetivo en difusos casi triplica la meta actual asumida en el marco del Protocolo de Kioto: una disminución de gases del 10% en 2020 respecto a 2005, y el del sector industrial lo duplica, pasando de un 21% de reducción comprometida para 2020 al 43% en 2030.
En una entrevista con Efe, la directora de la Oficina de Cambio Climático (OECC) del Gobierno, Valvanera Ulargui, sostiene que España está en la senda de cumplimiento de los difusos marcada por la UE para 2020, ya que las emisiones en estos sectores se redujeron algo más de un 0,4% tanto en 2014 como en 2015 con respecto al año anterior.
Entre los principales responsables no industriales de las emisiones de España, están los gases del transporte (39%), la agricultura y la ganadería (22%), el sector residencial (12%), el de los residuos (6%) o los gases fluorados, muy usados como refrigerantes (4%).
Ulargui destaca la importante reducción de las emisiones de gases fluorados en 2015, un 37,6% o lo que es lo mismo: seis millones de toneladas menos, que achaca al impuesto que grava su emisión desde el 1 de enero de 2014.
El sector energético e industrial aumentó sus emisiones en 2014 y 2015
Las previsiones no son tal halagüeñas en el sector energético e industrial que en 2014 incrementó sus emisiones un 1,7% respecto al año anterior, y en 2015 un 10%, que el Gobierno achaca a la caída en la producción hidráulica y renovable, y al mayor uso del carbón por la caída de sus precios.
Sectores difusos e industriales deben quedar regulados en la futura Ley de Cambio Climático. "Deberá ser una ley transversal, con objetivos sectoriales, en la que se identifiquen las herramientas específicas para descarbonizar cada sector, y una norma a largo plazo ya que transformar la manera de producir y consumir no va ser cosa de tres o cuatro años", subraya Ulargui.
La nueva Ley de Cambio Climático "deberá dar orden a todas las medidas de lucha contra el cambio climático que actualmente hay sobre la mesa, así como proporcionar certeza jurídica a inversores, comunidades autónomas y ayuntamientos", agrega.
Aumentar la capacidad de absorción de las emisiones
Además de reducir emisiones, España tendrá que tomar medidas para aumentar su capacidad de absorción de las mismas por mecanismos naturales, lo que implicará también grandes esfuerzos por parte del sector forestal y agrícola para poder contar con suelos en muy buen estado y a pleno rendimiento como sumideros de CO2.
Todo apunta a que la nueva Política Agraria Común (PAC) que se decidirá en 2017 subvencionará la agricultura que contribuya a la lucha contra el cambio climático, por lo que España deberá potenciar sus buenas prácticas para acceder a estas ayudas.
Según señala a Efe el diputado de Equo, Juan López de Uralde, esa futura ley debe incluir también la descarbonización del sistema eléctrico y una apuesta fuerte por las renovables, algo que, afirma, "no está en la agenda del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha tomado decisiones tan negativas en esta materia como penalizar el autoconsumo solar o seguir subsidiando el carbón".
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