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¿Qué es el Protocolo de Kioto?

El Protocolo de Kioto, auspiciado por la ONU en su convenio sobre cambio climático, y firmado en 2002 por la Unión Europea, tiene como objetivo que los países industrializados reduzcan sus emisiones un 8% por debajo del volumen de 1990, meta para la que el ejecutivo comunitario ha diseñado un plan de reducción gradual.

Para el período 1990-2012, Kioto establece como máximo un aumento del 15% de las emisiones de CO2, objetivo que a España le va a suponer un esfuerzo colosal, ya que, según World Watch, la emisión de gases del país ha crecido peligrosamente un 40%, encabezando la lista europea de incumplidores.

El Gobierno español ha repartido las cuotas máximas de emisión de gases contaminantes en cada sector industrial, de acuerdo con un Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones, que fue aprobado por la Comisión Europea y que ha provocado fuertes tensiones entre industria y gobiernos, pese a lo que Bruselas advirtió que no tolerará incumplimientos.

Sanciones por incumplimiento

El Ejecutivo comunitario ha diseñado dos herramientas para disciplinar a quienes presenten planes incompletos o no los cumplan.

En primer lugar, el procedimiento de infracción regular contra violaciones de la ley comunitaria, que prevé una posible denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE y, en último término, una sanción económica. La otra alternativa se establece a través de una Directiva sobre comercio de emisiones, que contempla multas de entre 50 y 100 euros por tonelada de emisión a las factorías que sobrepasen sus cuotas.

Según un informe de Price Waterhouse Coopers, España deberá financiar la emisión de 123 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que superarán el umbral comprometido en el año 2012.

La consultora consideró "casi imposible" que España cumpla con las exigencias, y estimó que cumplir con los objetivos pactados en la UE en el marco del Protocolo de Kioto costará a España un mínimo de 19.123 millones de euros, lo que supondría desembolso anual que duplica lo que ingresó España por Fondos de Cohesión en 2003.

Mercado de Emisiones

Cuando en 2005 el Protocolo entre en vigor, más de 12.000 plantas industriales deberán ajustar sus emisiones a la cuota que les haya sido asignada. Sin embargo, para amortiguar el impacto económico del Protocolo, la Comisión aprobó la creación de un mercado de emisiones comunitario, un entrenamiento para el mercado internacional que se abrirá en 2008.

El comercio de los derechos de emisión, que funcionará de un modo similar al mercado de futuros, permitirá a las empresas superar sus cuotas de contaminación siempre y cuando encuentren a otras compañías que no apuren sus cuotas y les vendan sus derechos sobrantes. El precio por tonelada fluctuará en función de la demanda y la oferta, entre los 5 y los 35 euros, según las estimaciones de la Comisión.

La Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente lanzaron en Internet el Registro europeo de emisiones contaminantes (EPER, en sus siglas en inglés), que registrará datos, fábrica por fábrica, país por país, sobre un repertorio de 50 contaminantes industriales emitidos en el aire y en el agua.

Debate sobre la viabilidad de Kioto

Nueve estados europeos incumplirán significativamente sus objetivos máximos de emisiones: Italia, Irlanda, Portugal, Bélgica, Austria, Dinamarca, Grecia, Italia y Holanda. El país transalpino es el más firme opositor al protocolo, mientras que España avanza a marchar forzadas en la aplicación.

El Gobierno ruso, que el pasado mes de junio se retractó de su intención de ratificar el Protocolo, finalmente dio luz verde a la aprobación a finales de septiembre de 2004.

La adhesión de este país, que había sido solicitada por la Unión Europea anteriormente, pondrá en marcha el texto de forma automática a escala mundial, ya que los países que le han dado el visto bueno emiten más del 55% de gases tóxicos requerido por el tratado.

Empresas afectadas

Los sectores afectados han tenido las reacciones más diversas: desde las amenazas con la deslocalización al anuncio del incumplimiento, hasta lamerse las heridas con las nuevas estimaciones de pérdidas.

Entre las afectadas, destacan compañías siderúrgicas, eléctricas, cementeras, papeleras, fabricantes de vidrio o de ladrillos, refinadoras de petróleo, coquerías, producción y transformación de metales, fabricantes de automóviles, productores de papel y cartón.

Éstas, las primeras compañías bajo la espada de Damocles, se han apresurado a señalar que los llamados "sectores difusos", como el del transporte o el residencial, son responsables del 50% de las emisiones de gases efecto invernadero. El transporte por carretera, privilegiado en lugar del ferrocarril, o el boom inmobiliario y los sistemas centrales de calefacción han sido culpados también del aumento de la contaminación.

Situación Actual

Casi 13 años después de que la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 pidiera una estrategia global para los desafíos medioambientales del mundo, entra en vigor en 141 países uno de los instrumentos básicos de esta estrategia: el Protocolo de Kioto, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando en la Tierra el cambio climático.

El Protocolo de Kioto obliga a sus firmantes a reducir, entre los años 2008 y 2012, en un 5,2% respecto a los niveles de 1990 las emisiones a la atmósfera de los gases que provocan el efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hidrofluocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre. Los expertos vaticinan que reduciendo la emisión de estos gases quedará controlado, al menos en parte, el impacto del agente más directamente implicado en el calentamiento global del planeta.

Un calentamiento que, según los expertos, ya está teniendo efectos muy negativos en la Tierra, y que empeora con el paso de los años, mientras los gases siguen contaminando la atmósfera. Los glaciares se deshielan, hay animales que cambian de hábitos, aumentan las sequías, los huracanes... Una situación que, según la ONU, es "urgente y prioritaria".

Sin embargo, el éxito del Protocolo será relativo, puesto que Estados Unidos -país que emite casi el 25% de los gases contaminantes del planeta- persiste en la negativa a ratificarlo. Entre los que sí se someterán a los dictados de Kioto están los 25 miembros de la UE, China y Rusia, cuya adhesión el pasado mes de noviembre desencadenó la entrada en vigor del protocolo. Otros países en desarrollo, como La India o China, no están obligados a reducir emisiones, pero se han comprometido con el Protocolo.

Según Kioto, cada uno de los países firmantes debe alcanzar un objetivo distinto. A la UE le corresponde una reducción del 8% -a los 15 países miembros antes del 1 de mayo de 2004- y, según el reparto interno de cuotas entre los socios, España puede aumentar sus emisiones un 15% respecto lo que emitía en el año 1990. Pero los números están muy lejos de la realidad. En la actualidad, nuestro país supera ya en un 40% las emisiones que producía hace 15 años y el propio Ministerio de Medio Ambiente ha advertido de las graves consecuencias que tendrá el cambio climático en la Península.

Una de las características más criticadas de este Protocolo es que los países pueden comprar o vender su cuota de emisión de gases, lo que les permitirá vender sus excendentes si consiguen reducir más de lo que tienen comprometido, o comprar a terceros emisiones si los sobrepasan.

Numerosos obstáculos

Para llegar hasta aquí, el Protocolo, negociado en 1997 en la ciudad japonesa de Kioto, ha tropezado con numerosos obstáculos, el más grande en la primavera de 2001, cuando el nuevo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció que su país no ratificaría el instrumento por el bien de la competitividad de sus empresas.

A ello se sumó la accidentada decena de 'Conferencias de las Partes' donde los países debieron acordar reglas concretas para reducir efectivamente las emisiones de gases, y el varapalo australiano, que anunció que tampoco ratificaría el compromiso. Ello dejaba la viabilidad de Kioto en manos de Rusia, puesto que el propio Protocolo señalaba que sólo entraría en vigor una vez ratificado por 55 países que supongan el 55% de las emisiones contaminantes.

Tras muchas dudas y no pocos amagos -y tras un intenso trabajo de 'lobby' por parte de la UE- Rusia ratificó el Protocolo el 18 de noviembre de 2004. Noventa días después, es decir, hoy, el complejo instrumento entra en vigor.

No obstante, como ha advertido la propia UE, el nacimiento de Kioto es sólo el primer paso y su entrada en vigor no garantiza su cumplimiento. Entre los grandes retos, los gigantes como China o India, que han ratificado el Protocolo pero que de momento, como países emergentes, no están obligados a reducir emisiones y pueden seguir aumentándolas en línea con su desarrollo económico.

La antigua capital japonesa será hoy el escenario de una ceremonia que contará con la asistencia de la última Nobel de la Paz, Wangari Maathai. Están previstos mensajes, algunos de ellos vía satélite, del secretario general de la ONU, Kofi Annan; la presidenta de la Convención de la ONU para el Control del Cambio Climático (UNFCCC), Joke Waller-Hunter; el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso; y ministros y representantes de Argentina, China, Reino Unido, Canadá y Alemania, junto a al menos un enviado estadounidense, el embajador en Micronesia.

Fuente: El Mundo

 


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